UNIRSE PARA RECLAMAR LO JUSTO

Hace aproximadamente un poco más de dos años, alrededor de 200 compañeros se unieron para conseguir que se hiciera justicia, que les abonaran la doble indemnización que la empresa y la justicia no les concedió.
Debido a esto, solicitamos a dirigentes que intercedan ante la empresa, a distintos organismos como el de derechos humanos, consejo de la magistratura, la organización contra la discriminación, el embajador francés, diputados, dirigentes políticos y gremiales, y ante la misma empresa, pero a pesar de la buena predisposición de todos no se logró reconocer nuestro derecho.
Se le enviaron cartas al embajador francés, y a los presidentes de Peugeot- Citröen de Francia y Argentina, quienes contestaron que se atienen a lo que dictaminó la justicia y que nuestras imputaciones son improcedentes.
Analicemos: decimos que existió amenaza porque luego del telegrama de despido fuimos citados y nos decían "o arreglan o sólo cobran el 50%". Con los compañeros que no arreglaron, cumplieron la amenaza. Cuando se les dijo que existía la ley de doble indemnización, respondían que agradezcamos que abonaran la simple cuando estaban en condiciones de pagarnos sólo la mitad. Nos engañaron porque ocultaron que el procedimiento de crisis no estaba ni aceptado ni homologado, es más, se homologó después y en un fallo sin precedentes fue suspendido.
La justicia anuló un acuerdo homologado por el SECLO, en el denominado Fallo Vivas. La sala V de la cámara laboral invalidó el acuerdo que celebró la empresa demandada, Peugeot, con uno de sus empleados, para dar por finalizada la relación laboral.
El argumento principal esgrimido por los doctores Oscar Zas y Julio César Simón, fue que la competencia atribuida por la ley de contrato de trabajo a la autoridad administrativa para homologar acuerdos de desvinculación laboral, "debe ser compatibilizada con el derecho del trabajador, que se considere afectado por esa decisión para plantear judicialmente la nulidad del acto homologatorio".
Luego, ante las presiones recibidas, se homologó, pero ante las irregularidades detectadas, manifiesta que la justicia debe resolver la cuestión.
Las presiones fueron varias, la UIA calificó de aberrante el fallo laboral contra Peugeot, "directivos de esta empresa advierten que con este fallo se perdió completamente la seguridad jurídica en materia laboral, se trata de otra aberración jurídica", dijo el presidente de la UIA, Juan Carlos Sacco; alarmado reclamó "que el gobierno y el poder legislativo tomen cartas en el asunto porque atenta contra inversiones y demora la decisión de la incorporación de nuevos trabajadores".
En el procedimiento de crisis pusieron una cantidad inferior de los que luego echaron, y no se llevaron a cabo las pautas que obligan a despedir a los de menor antigüedad y menor carga de familia. También afirmamos que hubo discriminación de parte de la justicia porque a pesar que los compañeros a los que les reconocieron el derecho, tuvieron en su mayoría el mismo abogado, las mismas pruebas y argumentos, no todos tuvimos la misma recompensa, haciéndonos sentir que no somos todos iguales ante la ley y la empresa porque usó como parámetro para los despedidos la edad y no el desempeño laboral, y esto quedó plenamente demostrado a través del dictamen de INADI.
Por consiguiente, nos consideramos estafados con mentiras, engaños y amenazas, y seguiremos reclamando en todo lugar, todo el tiempo que sea necesario, hasta lograr que reconozcan nuestro derecho.
Sabemos que nos cerraron toda posibilidad judicial, es por eso que nuestro reclamo es directamente a la empresa. Concurriremos todas las veces que sean necesarias a la empresa, y a todo evento cultural y deportivo que ésta organice, hasta que reconozcan su mal proceder y nuestro derecho.