Despedidos Peugeot 2002. Nuestra Historia: Parte II

PARTE II

Los directivos de la empresa aprovecharon las circunstancias que se vivían en nuestro país: total incertidumbre por la crisis del 2001, pesificación, corralito y el poco respaldo de nuestra representación gremial (que decía que era mejor arreglar), nos hicieron creer que cuando las cosas mejoraran seríamos los primeros en ser reincorporados. Por supuesto esto jamás ocurrió.

Quedó demostrado que utilizaron una estrategia para que a la mayoría de los despedidos no nos quedara otra opción que aceptar este despido encubierto. Ya que a los compañeros que no lo aceptaron, no los reincorporaron y sólo después de un juicio, pudieron cobrar la doble indemnización, punitorios e intereses.

Luego reclamamos la doble indemnización a través de la justicia y, aprovechando las falencias de nuestro régimen judicial, consiguieron no reconocer nuestro derecho, a sabiendas que existía una ley que los obligaba a hacerlo. Gracias a Dios, a través de jueces probos, a otros compañeros, debieron pagarles lo que dictaminaba la ley.

Pero hubieron otros jueces que no hicieron justicia, haciéndonos sentir discriminados, pero a la vez, estos fallos nos dieron derecho a expresar que el reclamo es justo, ya que los jueces que sí hicieron justicia juzgaron teniendo la mayoría el mismo abogado, las mismas pruebas y fundamentos, dejando al descubierto que no somos todos iguales ante la ley.

También realizamos manifestaciones en Casa de Gobierno y en el Ministerio de Trabajo, donde recibimos la comprensión y solidaridad a nuestro pedido de justicia. También estuvimos presentes cuando el ex Presidente de la Nación Néstor Kirchner visitó la empresa; donde, ante nuestro requerimiento, se acercó, nos escuchó, se solidarizó y estuvo de acuerdo con nuestro reclamo, afirmando que al ser una ley, la empresa debería pagar. Él nos afirmó que estaba con nosotros, y ante el ruego de algunos de nuestro compañeros con graves problemas, se los solucionó.

El ex Presidente derivó nuestro reclamo al Ministro de Trabajo, el señor Carlos Tomada, que en un hecho sin precedentes suspendió la homologación por las irregularidades existentes. Luego, a través del juicio, nos enteramos de las presiones ejercidas por la empresa, que llegaron incluso a manifestar que si nos daban la razón considerarían que en la Argentina no hay seguridad jurídica y podrían trasladar la planta a Brasil; con ello el país perdería muchos millones de inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Ante todo esto, el ministro homologa el acuerdo, pero deja bien en claro que debía ser el poder judicial quien, ante las irregularidades existentes, tuviese la última palabra, con el resultado antes relatado.